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Asesoria Juridica Madrid

La resolución por incumplimiento contractual: el art. 1124 del Código Civil

El presente artículo aborda el espinoso asunto de la resolución por incumplimiento contractual en las obligaciones recíprocas que contempla el artículo 1.124 del Código Civil a través del estudio de la doctrina y jurisprudencia que existe en nuestro país emitiendo un juicio valorativo sobre el mismo.

Establece el artículo 1124:

      La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
      El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
      El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo.
      Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

En primer lugar, debemos señalar que debemos entender por obligación, en este caso será aquella relación jurídica en virtud de la cual una persona, denominada deudor, tiene el deber jurídico de realizar una prestación a favor de otra, llamada acreedor, que tiene el derecho a exigírsela. Se consideran obligaciones recíprocas o bilaterales aquellas que van a generar una relación jurídica en la que ambas partes van a ser acreedores y deudores entre sí, siendo sus prestaciones contrapartida la una de la otra. De tal manera que de un mismo acto jurídico surgirán dos obligaciones caracterizadas entre sí por un nexo de reciprocidad e interdependencia.

La necesidad de cumplimiento simultáneo conlleva que el acreedor de una obligación recíproca no podrá exigir al deudor su cumplimiento sin que, a su vez, él haya cumplido o, al menos, ofrecido cumplir. En caso contrario, el deudor podrá oponerse al pago, planteando la exceptio non adimpletis contractus, o excepción de incumplimiento contractual.

Como es lógico, no puede el que incumple pedir, por su parte, el cumplimiento, parece que tampoco podrá pedir la resolución, quedando tal posibilidad restringida exclusivamente al perjudicado, entendiendo por tal aquélla de las partes que, habiendo cumplido su prestación, no logra obtener el cumplimiento contrario.

La resolución por incumplimiento contractual constituye una importantísima consecuencia de este tipo de obligaciones, que genera no pocos problemas a la hora de determinar, si su procedencia es o no conforme a Derecho; así, quién de las partes podrá pedirla, qué tipo de incumplimiento debe acaecer, si es suficiente el retraso en el cumplimiento o si el incumplimiento debe ser definitivo, según el art. 1124, procede en caso de resolución y, en fin, si para resolver un contrato es necesaria una voluntad del deudor rebelde y contraria al cumplimiento, o aquélla cabe incluso en supuestos de imposibilidad sobrevenida y fortuita de la prestación.

Adentrándonos en el art. 1124 del CC, podemos colegir que se deben dar tres requisitos para poder optar por la resolución contractual:
En relación al primero, la reciprocidad, la obligación recíproca no solo se caracteriza por esa doble condición de deudor y acreedor que concurre en cada una de las partes, como indicábamos anteriormente, sino también porque ambas obligaciones constituyen cada una contrapartida de la otra, siendo causa del contrato para cada una de las partes la contraprestación prometida por la parte contraria.

La necesidad de esta interdependencia o nexo causal en las obligaciones bilaterales se encuentra presente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reiteradamente ha mantenido que “el sinalagma está en el génesis de la relación obligatoria, constituyendo el deber de la prestación de una de las partes, la causa por la cual se obliga a la otra” así se afirma en numerosas sentencias, como STS 31 de Octubre de 2006 que para que se produzca el supuesto de resolución del art. 1124 exige que se trate de un contrato con prestaciones recíprocas.
Es decir, la obligación bilateral que genera obligaciones recíprocas para ambas partes, debe proceder de una misma relación jurídica, no pudiéndose por tanto apreciar bilateralidad cuando las obligaciones de las partes procedan de relaciones jurídicas diferentes pues en tal caso faltaría el requisito, absolutamente indispensable, de la interdependencia o nexo causal entre ambas obligaciones. Por otro lado, la exigencia de que cada prestación constituya contraprestación de la contraria, deja fuera del ámbito de las obligaciones recíprocas aquellas que aun naciendo de una misma relación jurídica no guardan el requisito de la reciprocidad, en cuyo caso la doctrina habla de contratos unilaterales imperfectos.

De todo lo anterior se desprende que obligación recíproca sería aquella en la que cada prestación aisladamente considerada carece por completo de sentido y razón de ser. Idea ésta, en la que encuentra su fundamento y explicación la resolución por incumplimiento, prevista en el tan repetido art. 1124 del Código Civil.
En relación al segundo de los requisitos, la inejecución de una o varias de las obligaciones contractuales, el Tribunal Supremo se ha mostrado favorable al mantenimiento de los vínculos obligatorios exigiendo que, para que tenga lugar la resolución, no basta cualquier incumplimiento o inexactitud en el cumplimiento. En este sentido, la STS de 4 de Enero de 2007 afirma que no todo incumplimiento es suficiente para resolver una relación de obligación sinalagmática, de igual modo la STS de 27 de Febrero de 2004, la de 5 de abril de 2006 o la de 19 de mayo de 2008 entre otras, afirman que el incumplimiento debe ser esencial.

Por su parte, la STS de 31 de Julio de 2002 exige que el incumplimiento sea propio y verdadero y debe referirse a la obligación principal y no a meras prestaciones accesorias o complementarias de escasa entidad. En otros casos, se habla de incumplimiento grave o se exige que el incumplimiento tenga entidad jurídica suficiente que llegue a impedir el fin normal del contrato.

La reciente sentencia del TS de 18 de Noviembre de 2013 ha establecido las directrices para determinar cuándo el incumplimiento de un contrato debe considerarse como esencial y, por ello, como determinante de la resolución del contrato.

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha venido admitiendo la facultad de resolución cuando el incumplimiento afecta a obligaciones accesorias elevadas a esenciales por previsión expresa de las partes, o cuyo carácter esencial se deriva de una debida interpretación del contrato, de tal manera que el incumplimiento de las mismas frustra por completo los intereses del acreedor.

Se ha dicho que el incumplimiento debe estar referido a la obligación principal y que solo en tal caso procede la facultad resolutoria prevista en el art. 1124 del Código. Ahora bien, el presupuesto de que el incumplimiento afecte a la prestación principal hace que se plantee la cuestión de si aquél debe ser total o también cabe resolución en los casos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso.

El incumplimiento parcial y el cumplimiento defectuoso han sido admitidos de manera decidida por el Tribunal Supremo como incumplimientos que dan lugar a la resolución, habida cuenta de los requisitos de integridad e identidad que rigen en materia de cumplimiento, establecidos de manera expresa en los arts. 1157 y 1166 del Código, en virtud de los cuales no se entenderá pagada una deuda sino cuando íntegramente se hubiese realizado la prestación, ni se podrá obligar al acreedor a recibir una prestación diferente de la pactada.

Ahora bien, no todo cumplimiento parcial o defectuoso provoca la resolución; doctrina y jurisprudencia vienen exigiendo que el incumplimiento, aún parcial, sea suficiente para determinar la insatisfacción del acreedor o de tal entidad que frustre sus legítimas expectativas.

Respecto a si el mero retraso en el cumplimiento se encuentra integrado en la hipótesis del art. 1124 hay que inclinarse por la solución negativa, excluyendo la resolución cuando el cumplimiento sea todavía posible. Parece claro, que si el deudor ha cumplido aunque con retraso, y el cumplimiento ha sido aceptado por el acreedor no cabe solicitar después la resolución, amparándose en el cumplimiento tardío de la prestación.

Más dudas se crean cuando la obligación todavía no haya sido cumplida, pues en tal caso cabe plantearse hasta qué punto puede ser obligado el acreedor a esperar indefinidamente el cumplimiento de la prestación.

Podemos afirmar que el retraso que permite resolver es un retraso grave, en el sentido de que ocasione tales perjuicios que haga perder el acreedor el interés en el cumplimiento. La gravedad del retraso habrá que apreciarla en cada caso concreto y su valoración, en orden a permitir o no la resolución, corresponderá a los jueces y tribunales que deberán atender, no tanto a lo prolongado del retraso como a los perjuicios que de él se deriven para el acreedor.

Reciprocidad de las prestaciones, incumplimiento de la obligación por una de las partes y cumplimiento de su prestación o, al menos, ofrecimiento del mismo por parte del resolvente son los tres requisitos que el art. 1124 exige para conceder la facultad de resolver. Con todo, el Tribunal Supremo ha venido añadiendo un cuarto requisito, al que considera también necesario para solicitar la resolución: la existencia en el deudor de una “voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento”.
Bajo el término “voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento” lo que en definitiva se está exigiendo es la concurrencia de dolo en el sujeto, bastando solo el incumplimiento que trajera su causa de una conducta engañosa, defraudatoria y dolosa del deudor.

Hay que advertir que la postura del Tribunal Supremo sobre la procedencia de exigir la “voluntad rebelde” del deudor del art. 1124 y, por asimilación, del 1504 no ha sido totalmente uniforme. El silencio del art. 1124 sobre el ánimo subjetivo del deudor en orden a su incumplimiento, así como el “plus” añadido que significaba tener que demostrar la intención de aquél, deliberadamente rebelde y contraria al cumplimiento, provocó una evolución en la doctrina jurisprudencial en la que se aprecia un progresivo abandono de la exigencia de un requisito tan cualificado como el de la voluntad rebelde del deudor.

Aunque no puede negarse la importancia de esta evolución jurisprudencial, en la práctica los abogados observamos que el cambio es menos profundo de lo que parece. Tanto antes como después, la resolución es un problema de equidad, que los tribunales deberían resolver buscando la mayor equivalencia posible de las prestaciones, o lo que es lo mismo, mediante la observancia de la mayor reciprocidad de intereses, tal y como determina el art. 1289 del Código Civil, como regla de interpretación de los contratos onerosos. Como se ha dicho, bajo la expresión “voluntad rebelde” como presupuesto de la resolución, se esconde como verdadero requisito la concurrencia de un verdadero y propio incumplimiento, que determina una ausencia absoluta y definitiva de reciprocidad y equivalencia en los intereses de las partes; o en otras ocasiones, en cambio, la resolución sea denegada por considerarla un abuso de derecho pues la prestación fue cumplida en gran parte.
Por último, en relación al último de los requisitos, dada la conexión o interdependencia de las prestaciones en las obligaciones recíprocas, uno de los efectos fundamentales es la llamada “necesidad de cumplimiento simultáneo”. Significa, no que las obligaciones recíprocas deban cumplirse simultáneamente, sino que ninguna de las partes puede exigir a la otra el cumplimiento sin haber cumplido u ofrecido cumplir la prestación recíproca de la que es deudor. Consecuencia de ello, es que si el acreedor que no ha cumplido exige el cumplimiento, puede la parte reclamada oponerse al mismo mediante la llamada excepción de incumplimiento contractual o exceptio non adimpleti contractus.

La excepción de incumplimiento contractual puede también ser alegada cuando el contratante que reclama cumplió, pero con tales defectos que impiden el fin perseguido, o bien lo hizo parcialmente; en tales casos, cabe oponer la exceptio non rite adimpleti contractus que, por un lado permite a la parte a la que se reclama negarse al cumplimiento y, por otro, le permite ejercitar las acciones necesarias para que los defectos de la prestación sean subsanados in natura, o bien se reduzca su prestación de manera proporcional a la imperfección de la prestación ejecutada por la otra parte.

La necesidad del cumplimiento previo ha sido ampliamente acogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que insiste en la idea de que solo puede pedir la resolución la parte que ha cumplido su respectiva obligación recíproca.

Se ha mantenido que solo puede ejercitar la facultad resolutoria aquel de los contratantes que haya cumplido sus obligaciones. Sin embargo, cabe que solicite la resolución quien no ha cumplido, siempre que su incumplimiento sea consecuencia del de la otra parte, pues el derecho a pedir la resolución nace del incumplimiento primero. Afirma la STS de 24 de Octubre de 2008 que si bien es cierto que no tiene derecho a pedir la resolución el contratante que incumple sus obligaciones, no lo es menos que el que las incumplió como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, conserva este derecho, pues la conducta del que incumple primero es lo que motiva el derecho de resolución y le libera desde entonces de sus obligaciones, y eso es justamente lo que ocurre en el caso de autos ya que fue únicamente el incumplimiento de la parte compradora de sus obligaciones lo determinante a la hora de que no se otorgara la Escritura antes de que venciera el plazo previsto.

Debido a la extensión del artículo, en el próximo post nos adentraremos en cuáles son los efectos que se producirán cuando se opte por la resolución.

Puede leer la segunda parte del post AQUÍ.

Marina Lourdes García Barceló

Etiquetas: García Guillén, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Bancario, Derecho Procesal, Abogados Matrimonialistas, Asesoría Madrid.

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