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Jurisprudencia incumplimiento contractual

La resolución por incumplimiento contractual: el art. 1.124 del Código Civil. Parte II: Sus efectos

Como indicábamos en el post anterior, en el presente artículo hablaremos de cuáles son los efectos que se producirán cuando se opte por la resolución que habilita el artículo 1.124 del Código Civil:

Puedes leer la primera parte del post AQUÍ.

Debemos destacar, en primer lugar, la eficacia retroactiva de la resolución que consiste en la eficacia sobrevenida del mismo, por lo que es evidente que produce la extinción del vínculo contractual, desapareciendo las obligaciones reciprocas de las partes contratantes.

Esta extinción que, afecta a la relación obligatoria para el futuro, retrotrae también su eficacia hacia el pasado, lo que constituye a las partes en la obligación de restituirse aquellas prestaciones que hubieren sido ejecutadas.

La eficacia retroactiva de la resolución ha sido mantenida por doctrina y jurisprudencia; en este sentido, la resolución no presenta caracteres diferentes de la condición resolutoria, a la que el art. 1123 apareja efectos plenamente resolutorios: Cuando las condiciones tengan por objeto resolver la obligación de dar, los interesados, cumplidas aquéllas, deberán restituirse lo que hubieran percibido.

El Tribunal Supremo mantiene los efectos retroactivos de la resolución en la SSTS de 10 de enero 1985 y 31 de mayo de 1985; en esta última se afirma que la resolución del contrato sinalagmático por incumplimiento tiende a cancelar desde un principio los efectos de lo convenido, colocando a los intervinientes en la misma situación en que se hallarían si el pacto no se hubiese celebrado, efecto que opera ex tunc… Y añade que la resolución del contrato supone la extinción de la relación contraída no solo para el futuro sino con carácter retroactivo, con la consecuencia de reintegrarse cada contratante sus prestaciones por razón del negocio.

No obstante, y aun admitiendo el carácter retroactivo que, en general, tiene la resolución por incumplimiento, en ocasiones las dificultades que plantea una resolución, aconseja la exclusión de la retroactividad cuando la acción resolutoria persiga poner fin a un contrato de los llamados de tracto sucesivo, esto es, que dan lugar a relaciones duraderas entre las partes, cuando total o parcialmente se encontraban ya consumadas. En estos casos, la resolución pone fin a la relación contractual, con eficacia simplemente ex tunc, por lo que permanecen inalteradas las prestaciones ya realizadas, imponiéndose a las partes la simple obligación de liquidar la situación resultante tras la resolución. Evitando la injusticia que se produciría si se devolvieran las cosas al estado jurídico preexistente, manteniendo a uno de los contratantes el beneficio de las prestaciones que del otro haya recibido, lo que conllevaría un enriquecimiento injusto.

Consecuencia de la retroactividad, es que la resolución constituye a las partes la obligación de restituirse cuanto por razón del contrato hubiesen recibido, lo que de suyo comporta la devolución de las prestaciones ya ejecutadas y recibidas por las mismas. La STS de 21 de julio de 2010 señala que el art. 1124 produce el efecto de la restitución de las prestaciones porque en otro caso se daría un enriquecimiento injusto.

El art. 1124 se limita a sancionar la posibilidad de resolución de las obligaciones bilaterales por incumplimiento de una de las partes, y el derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios, con independencia de que se opte por una u otra opción.

En consecuencia, y ante la ausencia de normas que, específicamente referidas a la resolución del contrato, regulen lo relativo a la restitución de las prestaciones ya efectuadas, entiendo aplicables los arts. 1303 y 1123 del Código. El primero, proclama que es obligación de las partes contratantes la de restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses, el segundo establece que, cumplida una condición que tenga por objeto resolver la obligación de dar, los interesados deberán restituirse lo que hubiesen percibido. Se trata, en ambos casos, de un contrato ineficaz.

Partiendo de que la resolución por incumplimiento produce la ineficacia del contrato, sus defectos deben ser similares a los de un contrato nulo: esto es, se presume legalmente que el contrato nunca existió, por lo que queda resuelto el derecho de las partes contratantes sobre las cosas objeto de la prestación ejecutada, lo que desencadena la obligación de restituir aquéllas, y una vuelta atrás al momento anterior a la celebración del contrato.

Partiendo de que la resolución por incumplimiento produce la ineficacia del contrato, sus defectos deben ser similares a los de un contrato nulo: esto es, se presume legalmente que el contrato nunca existió, por lo que queda resuelto el derecho de las partes contratantes sobre las cosas objeto de la prestación ejecutada, lo que desencadena la obligación de restituir aquéllas, y una vuelta atrás al momento anterior a la celebración del contrato.

Si el incumplimiento fue total, el deber de devolución surge solo para la parte incumplidora que recibió la prestación de la contraria; solo en los casos de cumplimiento parcial de suficiente entidad para provocar la resolución, el deber de restitución nace recíprocamente para ambas partes.

La restitución deberá hacerse preferible in natura, devolviendo los mismos bienes que fueron objeto de la prestación. Solo cuando sea imposible se procederá a la restitución por equivalencia. Así, señala la STS de 10 de Febrero 2006 que la adquisición por terceros de buena fe no impide la resolución, y que la obligación restitutoria se transforma en una obligación de indemnizar. Cuando la prestación ejecutada consistiere en un hacer, la retroactividad de la resolución se conseguirá solo devolviendo el equivalente pecuniario de la prestación.

Cuando el resolvente hubiese recibido una prestación parcial que se hubiese perdido por dolo o culpa, entiendo será aplicable el art. 1314 CC, y que, por lo tanto, queda extinguida la acción de resolución, pudiendo solo exigirse el cumplimiento total y, en su caso, indemnización por daños y perjuicios.

La restitución in natura implica la devolución de las propias cosas que hubiesen sido materia del contrato, y además en el estado en que se encontrasen al ejecutarse la obligación, lo que supone que la parte incumplidora responde de cualquier desperfecto sufrido por la cosa, mientras duró su posesión. En caso de introducción de mejoras en la cosa que luego deberá ser devuelta por resolución contractual, parece que al deudor incumplidor no le corresponderán sobre las mejoras hechas a sus expensas, sino los derechos que le atañen al usufructuario, que, según el art. 487 del Código, no son otros que los de retirarlas si fuera posible hacerlo sin detrimento de los bienes, pero no el de ser indemnizado de su importe. Le asiste, sin embargo, el derecho previsto en el art. 488 del Código que le permite compensar los desperfectos de los bienes con las mejoras que en ellos hubiese hecho.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta la resolución y los derechos de terceros adquirientes:

Dice el art. 1124 que la resolución se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, remitiendo a los artículos 1295 y 1298 del Código Civil, relativos a la rescisión contractual, y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.

La remisión que efectúa al art. 1295, se entiende a su párrafo segundo, que se refiere, al alcance de la rescisión y su oponibilidad frente a terceros adquirentes, señalando que no podrá tener lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe.

El art. 1298 establece que El que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas.

La resolución opera con carácter retroactivo, por lo que, sus efectos deben alcanzar a los negocios que hubiese realizado el demandado, frente a quien se solicita la resolución; resuelto el derecho sobre la cosa, deben quedar igualmente resueltos los derechos que se hubieran podido constituir sobre la misma, por la sencilla razón de que el adquirente nunca fue titular y, por tanto, no pudo transmitir a los terceros ningún derecho: resoluto iure dantis, resolvitur ius concessum.

El art. 1295, al que se remite el 1124, dice que no tendrá lugar la rescisión cuando las cosas, objeto del contrato, se hallaren legalmente en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. Trasladando esta norma al ámbito de la resolución, debe entenderse como simple protección al adquirente de buena fe, sin que, se impida la resolución, que podrá tener lugar, obligando a la parte contratante que incumplió a restituir, no la misma cosa, sino su equivalente económico.

Que la resolución no afecta a terceros adquirentes de buena fe, se mantiene en numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre ellas la STS de 11 de junio de 1991 afirma que los efectos de la resolución se producen ex tunc, sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los arts. 1295 y 1298 CC y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria y añade que al poseedor intermedio solo puede protegérsele si ostenta tal posesión de buena fe.

Por adquirente de mala fe debe entenderse a aquél que conocía en el momento de adquirir, que el contrato del transmitente estaba ya incumplido, no bastando, para apreciar mala fe, la simple conciencia de que el contrato estaba pendiente de cumplimiento. En este segundo caso, y habida cuenta de que es la ley la que faculta para resolver el contrato incumplido, podría pensarse que el adquirente no actúa de buena fe, pues conociendo el hecho del aplazamiento en el pago, debería admitir las consecuencias que del mismo se derivan, sin que le quepa alegar desconocimiento de un artículo como el de 1124, que faculta para, en casi de incumplimiento, pedir la resolución.

No es tercero de mala fe el que simplemente conoce la circunstancia de aplazamiento del pago, a tenor de lo previsto en el art. 11 de la Ley Hipotecaria al que también remite el art. 1124, según el cual, la simple expresión del aplazamiento del pago en la inscripción del título, no surtirá efectos en perjuicio de tercero, a menos, que se garantice aquél con hipoteca o se dé a la falta de pago el carácter de condición resolutoria expresa. En definitiva, la apariencia registral justifica el desconocimiento de la causa de la resolución, que impide oponerla a quien confía en esa apariencia. En consecuencia, si el aplazamiento del pago por sí solo, ni siquiera cuando conste tal circunstancia en el título inscrito, no invalida los efectos de la fe pública registral, no cabe sostener que el conocimiento del mismo, constituya al adquirente en tercero de mala fe.

Al requisito de que el tercero adquirente no haya actuado de mala fe debe unirse el de que su adquisición lo hubiese sido a título oneroso, a tenor de lo previsto en el art. 37 de la Ley Hipotecaria, según el cual, las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo prevenido en esta ley, añadiendo que se exceptúan de la regla contenida en el párrafo anterior las adquisiciones a título gratuito.

El tercero protegido frente a la resolución, es el adquirente oneroso y de buena fe, no obstante, doctrina y jurisprudencia se muestran de acuerdo en que no es precisa su condición de tercero hipotecario. En este sentido, la STS de junio de 2002 señala que el tercero no es solo el tercero hipotecario;…faltando la seguridad que deriva de la Ley Hipotecaria, no queda absolutamente desprotegido el tercero, es decir, el tercero adquirente de buena fe es respetado por el Derecho no necesariamente cuando es tercero hipotecario; en otras palabras, éste no es el único tercero de buena fe que está protegido por el derecho. Y lo mismo se mantiene en la STS de 10 de febrero de 2006 y en la de 29 de mayo de 2006 en la que se afirma que se está, no solo ante la protección registral sino también, ante la protección a la apariencia jurídica.

El art. 1298, refiriéndose al adquirente de mala fe, viene a decir que queda afectado por la resolución, imponiéndole la obligación de indemnizar por daños y perjuicios cuando la devolución de la cosa no fuese posible: así pues, restitución in natura si ello es posible o indemnización, en los demás casos. Como se observa, el art. 1298 se limita a sancionar la responsabilidad del adquirente frente al contratante que instó la resolución, sin resolver la relación que puede existir entra la responsabilidad del tercero y la del contratante incumplidor. Solo cuando se haga constar en la inscripción que la falta de pago tendrá el carácter de condición resolutoria expresa, la resolución perjudica a tercero adquirentes.

Para eliminar la fe pública y hacer oponible la resolución a terceros adquirentes, bastaría que se exigiera la constancia del aplazamiento del pago, que por cierto, obliga el art. 10 de la Ley Hipotecaria: “En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega en metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la forma en que se hubieses hecho o convenido el pago”; la publicidad del pago aplazado, colocaría al adquirente en situación de conocer la posible eventualidad de que se resuelva el título en el que se basa su adquisición, según lo establecido en el tan repetido art. 1124. En un intento de reforzar la protección del tercero de buena fe, la ley exige para hacer la resolución oponible erga omnes que, de manera expresa, se consigne el pacto resolutorio.

Podemos observar que la inexistencia de pacto resolutorio unida a la buena fe del adquirente oneroso parece suficiente para evitar a éste la extensión de los efectos resolutorios; y, tratándose de la adquisición onerosa de bienes muebles, bastará que el tercero obrase de buena fe, para que su derecho no se vea afectado por la resolución del contrato que sirvió de base a la adquisición.

Si esto ocurre, la cosa permanecerá legalmente en manos del adquirente, lo que no significa que la resolución no pueda tener lugar sino que la devolución in natura se sustituirá por una indemnización de daños y perjuicios.

Por último, debemos tener en cuenta la indemnización y el resarcimiento de daños en la resolución contractual:
El incumplimiento de las obligaciones bilaterales da lugar siempre a indemnización por daños y perjuicios, tanto si se ha optado por la resolución como por el cumplimiento forzoso; así se desprende del párrafo segundo del art. 1124, según el cual, El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.

A pesar de la redacción del art. 1124, el carácter retroactivo de la resolución ha suscitado problemas sobre su compatibilidad con una indemnización por daños y perjuicios. Puede pensarse que la restitución de las prestaciones y reintegración de las partes al momento anterior a la celebración del contrato, consecuencia de la resolución repara ya suficientemente el daño que el incumplimiento ha producido en el acreedor, la resolución y su eficacia ex tunc entrañaría, pues, por sí misma el resarcimiento de los perjuicios causados al acreedor.

Sin embargo, cabe objetar que una total restitución al punto de partida, exige considerar el daño que la resolución ha provocado en la parte cumplidora. Debe entenderse que hay daño siempre que se produce cualquier desventaja en los bienes jurídicos de una persona, que ocasiona una diferencia entre el estado del patrimonio actual del perjudicado y el que tendría ese patrimonio actual del perjudicado en el caso de que el hecho dañoso no se hubiere producido.

La exigencia de indemnización procederá en la medida en que logre demostrarse la producción efectiva de los daños y perjuicios que se pretende sean indemnizados y siempre que el incumplimiento que ha generado la resolución sea imputable al deudor, en caso contrario, los efectos de la resolución deben limitarse a la restitución de la prestación ejecutada por el acreedor; lo que, se deduce del art. 1101 CC, según el cual, quedan sujetos a indemnización los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y del 1105 CC, a cuyo tenor, nadie responderá de aquéllos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables. Si el incumplimiento motivador de la resolución obedeció a la imposibilidad sobrevenida de la prestación, el deudor debe restituir lo recibido del acreedor pero queda exento de cualquier reclamación en orden al resarcimiento de daños y perjuicios.

Lo que está claro es que la indemnización consistirá en el interés contractual negativo del acreedor, esto es, tratará de colocar al sujeto en la situación patrimonial en que se encontraría si la relación obligatoria no se hubiera constituido; frente al interés positivo, entendido como el derecho a ser colocado en la misma situación económica y patrimonial que se tendría de haber sido perfectamente ejecutado el contrato, se encuentra el interés negativo, como hubiese sido celebrado; y éste debe pretenderse con la indemnización que acompaña a la acción resolutoria, pues el objetivo es dejar sin efecto la relación obligatoria. Para fijar el importe de la indemnización deberán tenerse en cuenta, los daños que se hayan derivado de la celebración de un contrato que nunca se cumplió y que, por tanto, por lo que respecta al interés del acreedor-resolvente, nunca debió ser celebrado.

El resolvente no puede pretender con el resarcimiento de daños la obtención de los mismos beneficios que tendría de haberse ejecutado perfectamente el contrato, limitándose a obtener, además de la restitución de la prestación ya realizada, una indemnización que elimine los perjuicios derivados del contrato celebrado e incumplido. Parece que el alcance de los daños que pueden ser reclamados en caso de resolución contractual, es el previsto en el art. 1106 del Código, en virtud del cual:

“La indemnización de daños y perjuicios comprende, no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor…”

El acreedor, tiene derecho no solo a que se le abone el daño emergente, sino también el lucro cesante. Así se dice en la STS 2 julio 2008 según la cual, la indemnización a la que se refiere el art. 1124 es la prevista en el art. 1106 del Código Civil, que incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante. También la STS de 31 de mayo de 2002 extiende el resarcimiento afirmando que la indemnización debe cubrir todo el quebranto patrimonial. Cabe citar también, la STS 9 de mayo de 2011 en la que se determina que los daños resarcibles comprenden el daño emergente y el lucro cesante, actuando como límite del resarcimiento la total indemnidad del perjudicado.

El daño emergente consistiría en la pérdida efectivamente sufrida por el acreedor; se trata, pues, de un daño positivo, que tiene una base firme ya que se refiere a hechos pasados. Parece que dentro de la categoría del daño emergente debería incluirse también el posible daño moral que el incumplimiento, y la consiguiente resolución contractual hayan generado en el acreedor, si bien parece que el resarcimiento de los daños morales debe sujetarse a su propio régimen jurídico y que la prueba de tales daños ha de ser menos severa que si se tratara de daños materiales.

Lucro cesante son, en cambio, las ganancias frustradas, es decir, aquéllas que, con cierta probabilidad, fuesen de esperar, atendiendo a las especiales circunstancias del caso concreto, pero que se perdieron por razón del evento dañoso. Respecto al lucro cesante, la jurisprudencia muestra un prudente sentido restrictivo, exigiendo la concurrencia de una cierta probabilidad objetiva de la perdida ganancia, que resulte del curso normal de las cosas, obligando a que se pruebe rigurosamente que se dejaron de obtener las ganancias, sin que éstas sean dudosas o contingentes y solo fundadas en esperanzas.

Admitido que el lucro cesante debe formar parte de la indemnización en caso de resolución del contrato, no toda ganancia dejada de obtener deberá computarse a efectos de fijar el quantum de la indemnización, porque la indemnización tenderá a paliar los beneficios que se frustraron por la celebración del contrato que después se resolvió, no los que dejaron de obtenerse por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

No se observa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo un criterio definido. En muchos casos, la solución del Tribunal Supremo depende de la petición del actor que solicita el cumplimiento por equivalencia, aunque denomine a su acción de resolución.

Es necesario para fijar la extensión del resarcimiento atender a lo previsto en el art. 1107 del Código, que subordina ésta a la causa de incumplimiento de la obligación (culpa o dolo del deudor) y a la previsibilidad o imprevisibilidad de los daños y perjuicios.

De la redacción del art. 1107, se extrae que los efectos de la indemnización varían según que el incumplimiento se derive de la actuación culposa del deudor (buena fe) o, por el contrario, hubiese concurrido dolo. En el primer caso, el deudor responde solo de los daños previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento; por el contrario, el incumplimiento doloso obliga al deudor a indemnizar de todos los daños que conocidamente se deriven de su falta de cumplimiento.

Del art. 1107 podría extraerse que la actuación dolosa del deudor le obliga a responder de todos los daños conocidos, incluso de aquellos que no sean consecuencia de la falta de cumplimiento; solo cuando el deudor sea de buena fe se le obliga a indemnizar los daños que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. No obstante, para que surja obligación de indemnizar es preciso que exista nexo causal entre el daño y el evento que lo provoca, y por tanto, que el perjuicio causado sea consecuencia derivada directamente del incumplimiento.

La diferencia de criterio para fijar la extensión de la indemnización, tratándose de un incumplimiento culposo, el deudor queda obligado a responder de los perjuicios previstos o que se pudieron prever al constituirse la obligación; en caso de dolo, la indemnización se extiende también a los daños no previstos e, incluso, a aquéllos que no pudieron preverse; y en ambos casos, incumplimiento culposo e incumplimiento doloso, los daños han de ser consecuencia necesaria del incumplimiento. La STS de 2 de julio de 2008 entiende que incluso en los casos de incumplimiento doloso la indemnización no puede estar integrada por los gastos derivados de la contratación de obras diferentes de las inicialmente concertadas con la parte incumplidora. Además, el deudor de buena fe tiene a su favor la norma del art. 1103 del Código Civil que permite a los jueces y tribunales moderar la cuantía de la indemnización, atendiendo a las circunstancias del caso:

“La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”

Con la expresión “todos los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento”, el art. 1107 hace referencia a los daños imprevistos o imprevisibles, a cuya indemnización se extiende la responsabilidad del deudor doloso. Debe entenderse por daño imprevisto o imprevisible los que se producen extra rem, es decir, en otros bienes distintos del objeto de la prestación, cuyo perjuicio se deriva del incumplimiento. Lo que está claro es que, el deudor doloso, no responde de aquellos daños que no sean consecuencia derivada necesariamente de su incumplimiento.

En definitiva, podemos concluir que:
Siendo incompatibles la petición de cumplimiento y la de resolución del contrato, podremos efectuar amabas peticiones con carácter subsidiario. Si optásemos por el cumplimiento del contrato, no podremos exigir la resolución por incumplimiento, a menos que pudiésemos acreditar que el incumplimiento resultase imposible (artículo 1124 segundo párrafo del Código Civil).

Si además solicitamos el resarcimiento de daños será necesario que acreditemos que éstos se hayan producido de manera efectiva, pues el incumplimiento por si solo no es suficiente para originarlos.

Por último, la resolución que se contempla en el art. 1124, objeto de análisis en el presente artículo, supone la extinción de la relación contractual con carácter retroactivo, y como consecuencia de ellos el reintegro a cada contratante en las cosas y el valor de las prestaciones que realizaron como consecuencia del contrato, esto es, los mismos efectos que surten en los casos de nulidad y rescisión.

No obstante lo anterior, para el caso de relaciones contractuales duraderas (contratos de tracto sucesivo) no se producirá efectos retroactivos (Sentencia 17 de abril de 2001). Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Etiquetas: García Guillén, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Bancario, Derecho Procesal, Abogados Matrimonialistas, Asesoría Madrid.

Garcia Guillen

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