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Impuesto de Actos Juridicos Hipoteca

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que gravan las escrituras de constitución de hipoteca (Parte I)

Tras los recientes acontecimientos acaecidos en sede judicial y legislativa respecto del citado Impuesto, con el objetivo con contribuir a aclarar el alcance o conclusión final de los cambios jurisprudenciales y modificaciones legales, nos hacemos las siguientes reflexiones que como opinión reflejamos en este articulo.

La primera resulta evidente e incluso innecesaria, tras la publicación el 9 de Octubre de 2018 del Real Decreto Legislativo 17/2018 de Modificación del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y su entrada en vigor el día siguiente 10 de Octubre de 2019, a partir de dicha fecha, el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista (la entidad financiera).

Pero muchos consumidores se preguntarán, qué ocurre con las situaciones anteriores a su entrada en vigor, porque estas situaciones anteriores todavía pueden ser objeto de revisión tanto en la vía administrativa mediante la solicitud de ingresos indebidos a las Haciendas Autonómicas, como en la vía civil mediante la solicitud de nulidad de la clausula que imponía todos los gastos de constitución de hipoteca al prestatario (cliente bancario).

El citado Real Decreto nos dice que la modificación legal solo se aplicara a partir de su entrada en vigor. Por lo cual solo cabe deducir que las normas aplicables a las situaciones anteriores son las que estaban vigentes con anterioridad al Real Decreto.

Pues bien la normativa vigente era muy vaga, incluso se podría hablar de laguna legal, pues en la Ley del Impuesto no se había regulado expresamente quien era el sujeto pasivo del mismo, de otra forma una situación sin regular en la Ley.

Esta especie de vacío legal, históricamente se había completado con una disposición reglamentaria el artículo 86.2 que indicaba que el sujeto pasivo del Impuesto era el prestatario (cliente bancario), y con una interpretación jurisprudencial consolidada en igual sentido, que consistía en interpretar que el interesado en la constitución de la hipoteca era el prestatario para así interpretar de forma extensiva otro precepto de la Ley que con carácter general decía que el sujeto pasivo del Impuesto era el interesado.

Pero tras las últimas sentencias dictadas recientemente por el Tribunal Supremo, la regulación e interpretación anterior se ha visto sumamente alterada por dos importantes matices.

A la clarificación de la situación anterior al Real Decreto, tampoco ayuda nada, pues los términos empleados en la Exposición de Motivos del mismo, que si bien están pensados para justificar la utilización de esta facultad legislativa extraordinaria como es el Real Decreto, añaden más controversia a la cuestión.

Así se utilizan expresiones como “situación de incertidumbre”, al que se añade la urgencia por darse circunstancias de “imprevisibilidad de anticipar cambios jurisprudenciales”, y “el mandato constitucional” que tiene el Gobierno de “garantizar los derechos de los consumidores.”

Por otro lado la modificación legal no consiste en sustituir al sujeto pasivo del impuesto, y donde se decía que éste era el prestatario (cliente bancario) ahora es el prestamista (entidad financiera), si no que se ha añadido un nuevo párrafo al precepto modificado estableciendo que el sujeto pasivo del impuesto es la entidad prestamista; esto es que la modificación legal consiste en que donde antes no se decía nada (por eso hablamos de laguna legal) ahora si se dice quien es el sujeto pasivo del impuesto.

En resumidas cuentas, bien podría concluirse de las anteriores razones, que tras la nulidad decretada y el voto dividido del pleno, se produce la reviviscencia de la laguna legal, y el Gobierno para rellenar este vacío y para garantizar los derechos de los consumidores entre las dos opciones posibles opta por instituir sujeto pasivo del impuesto al prestamista.

Y esta elección no resulta baladí, como a continuación veremos. Cuando se interpreta un precepto dudoso, los operadores jurídicos tratan de deducir del espíritu de la Ley o de la intención del legislador, el sentido más correcto que tiene el precepto discutido. Por lo que bien, se podría deducir en este supuesto, que el espíritu de la Ley o la intención del legislador, cuando por fin se ha pronunciado, para llenar la laguna legal, es la de optar por identificar al sujeto pasivo en la persona del prestamista (entidad financiera).

La anterior afirmación podía ser rebatida, en el sentido de manifestar si pero el espíritu de la Ley antes del Real Decreto era otro, pues se identificaba en el Reglamento como sujeto pasivo al prestatario (cliente).

Y ello sería cierto, si obviamos que el artículo del reglamento ha sido declarado nulo de pleno derecho por vulnerar la Ley, lo que supone la expulsión ex origine del mismo de nuestro ordenamiento jurídico, y solo puede ser revivido mediante disposición legal lo cual no se ha hecho en el Real Decreto.

Por lo que, como decíamos, la desaparición de dicho precepto ex origine hace revivir la laguna legal, que bien se podría de colmar con el espíritu del legislador, cuando este se ha manifestado por primera vez, y que no olvidemos lo hace en el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los derechos de los consumidores.

(1) El articulo 86.2 del Reglamento del Impuesto, el que rellenaba la laguna legal, fue declarado nulo por Sentencia Judicial firme, porque la disposición excedía del marco legal que todo reglamento debe respetar, en consecuencia ha sido expulsado de nuestro ordenamiento jurídico con efectos de nulidad absoluta o ex tunc (desde sus inicios), pues tal consecuencia es la única que puede producir una vulneración de la Ley. Y ninguna Sentencia posterior de tono contrario puede volver a la vida la norma declarada nula, dado que el poder judicial no tiene competencia legislativa.

(2) Esa doctrina jurisprudencial consolidada emanada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que interpretaba y colmaba el vacío legal, ha quedado muy debilitada, y no solo con la desaparición del articulo 68.2 del Reglamento, si no con la división existente en el Pleno del Tribunal Supremo, enfrentada casi al 50 % entre los partidarios de que el sujeto pasivo del impuesto sea el cliente y los partidarios de que sea la entidad financiera.

Puedes leer la segunda parte AQUÍ

Etiquetas: García Guillén, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Derecho Fiscal, Derecho Bancario, Derecho Procesal, Abogados Matrimonialistas, Asesoría García Guillén.

Garcia Guillen

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